La Industria Carcelaria Privada
By: Ally Bolour, Oficinas Legales de Ally Bolour, APC
¿Sabias que hay una floreciente industria carcelaria privada (PPI por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos? Las ganancias de esas cárceles dependen del número de prisioneros que tengan. Mientras más prisioneros tengan, más dinero hacen. PPI tiene la mayor parte de sus ingresos del Tesoro de los Estados Unidos, eso significa que tú y yo le pagamos al gobierno para que le pague a estas cárceles privadas para mantener personas encerradas.
Dentro del mundo de inmigración hay dos cárceles privadas principales – la GEO y CCA. Simplemente en años pasados recientes, estas organizaciones han dado más de $10 millones de dólares a políticos y han gastado más de $25 millones en cabildeo con varios miembros del Congreso para impulsar aun más sus ganancias.
Aunque la PPI existe hace ya buen tiempo, apenas se volvió oficial en el 2009, cuando el finado Sen. Robert Byrd (D-WV) agregó lenguaje conocido como “cuota cama” en los créditos de las cuentas – las cuales mandan a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) a mantener 34,000 camas disponibles para inmigrantes detenidos. La Administración de Obama ha implementado obedientemente este mandato a varios niveles cada año. El promedio de ocupación de camas en el 2015 ha sido 26,374.
El 11% de los detenidos son criminales que han cometido delitos por los que deben estar tras las rejas. El resto son inmigrantes que pudieron haber cometido delitos menores o faltas, incluidas mujeres y niños que podrían ser indocumentados – huyendo de guerras y pobreza extrema, mayormente de Centroamérica. Al encarcelar a estos refugiados, los Estados Unidos no solamente no se comporta de acuerdo a estándares éticos, sino que también está en violación de leyes internacionales que ha firmado.
La Administración de Obama argumenta que el mandato de “cama” no es realmente un mandato sino mas bien una meta y de acuerdo a la disponibilidad de camas. Aun si eso fuera verdad – que meta tan vergonzosa – principalmente encarcelar a familias que no representan un riesgo y no nos van a hacer ningún daño. Encarcelar a inmigrantes tiene un costo de $162/por día/por persona. Nuestro gobierno puede optar por un trato mucho más humano al adoptar alternativas a la detención, por una fracción del costo; $10.55/por día/por persona!
Mantenernos seguros – tanto de personas dentro del país como de fuera, es una responsabilidad fundamental tanto de nuestro gobierno estatal como federal. Esta responsabilidad tan importante nunca debería contraerse, privatizarse o someterse a incentivos para obtener ganancias. Los inmigrantes no son productos y a la industria no debería permitírsele hacer dinero por encarcelarlos.