Retos para Obtener Certificaciones de la Visa U
Por: Michael F. Serrano, Legal Assistant Law Offices of Ally Bolour
Hay muchos factores que predisponen a las comunidades de inmigrantes a no proceder cuando son víctimas. La principal razón es el temor a la deportación. Las Visas T y U fueron establecidas para proveer un camino a la residencia legal para personas indocumentadas que han sido víctimas. Esto se logra cuando el inmigrante asiste en la investigación o en el enjuiciamiento de su victimario. Actualmente, el paso más difícil en el proceso ha sido para obtener la certificación requerida de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, fiscales de distrito y jueces.
Los fiscales de distrito tienen miedo de proveer asistencia a la víctima antes de que termine el caso por razones de credibilidad del testigo en relación a la posible adquisición de una visa por la participación del inmigrante en la acción penal. Los Jueces también toman sus precauciones para firmar una certificación porque temen ser vistos como parciales. Ambos grupos tienen razones validas para no firmar estas certificaciones.Y mientras tanto el victimario tiene la oportunidad de andar libre.Las agencias encargadas de enforzar la ley no entran en ninguna de estas preocupaciones.
Las certificaciones por parte de agencias encargadas de hacer cumplir la ley no dejan a las agencias abiertas a ningún tipo de compromiso. Las solicitudes de visas U que hayan sido rechazadas en el pasado por certificación insuficiente caen sobre los hombros de las víctimas. Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley no son reprendidos. Su investigación ha sido completada. No hay nada que pueda manchar los hechos de su investigación. Los Servicios de Inmigración y Naturalización de los EE.UU. (USCIS por sus siglas en inglés) no le llama la atención a las agencias encargadas de enforzar la ley por insuficiencia de certificaciones. Simplemente rechaza la petición de la víctima. La renuencia de estos organismos para certificar parece ser simplemente la ignorancia en torno al proceso de las visas T y U.
En el 2012, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) dieron a conocer guías a las agencias enforzadoras de la ley en relación a la certificación de visas U. La Casa Blanca también dio a conocer un memorandum abierto sobre el intento del DHS y el USCIS de proveer enlases en sus sitios de Internet para entrenamiento, videos, y guías para asistir a las agencias enforzadoras de la ley en el proceso de certificación. A pesar de este esfuerzo, muchas agencias encargadas de enforzar la ley son totalmente incapaces y/o no están preparadas para manejar correctamente una solicitud de certificación. Aún en Los Ángeles, uno de los destinos principales de nuevos inmigrantes, profesionales y activistas han tenido que enfrentarse al dilema de la versión de las agencias encargadas de enforzar la ley de no poder certificar la solicitud de víctima de un inmigrante.
Las agencias encargadas de enforzar la ley están estructuradas de manera muy similar a las militares. Hay una jerarquía de autoridad a la cual cada oficial debe sujetarse. Hay temor a pensar de manera autónoma e ir en contra de las órdenes, anticuadas o no. Necesita haber un enfoque en entrenar a las personas en los altos puestos jerárquicos sobre la victimización de las comunidades de inmigrantes dentro de su jurisdicción. Este es el único modo en que se puede cambiar de manera sistemática la forma en que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley manejan las solicitudes de certificación de visas T y U.
Actualmente no hay recomendaciones o estrategias por parte de la Fiscalía General del Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ por sus siglas en inglés), también conocida como America’s “Top Cop,” (el policía de los EE.UU.) a las agencias encargadas de enforzar la ley. Los Gobernadores no abogan de manera conciente por sus comunidades de inmigrantes en este tema, aun cuando los crímenes no reportados en contra de inmigrantes afectan la seguridad de todos sus habitantes. Los Gobernadores y otros oficiales de alto rango deberían trabajar para organizar y educar a sus agencias encargadas de enforzar la ley sobre el proceso de certificación, para que puedan asistir a inmigrantes vulnerables apropiadamente. Al hacer esto mantendrían a las comunidades seguras y crearían mejores relaciones entre quienes se encargan de hacer cumplir la ley y las comunidades de inmigrantes.
T and U-Visas
Michael F. Serrano – Legal Assistant – Law Offices of Ally Bolour
Many factors predispose immigrant communities to not come forward when they are victimized. The main issue being the fear of deportation. T and U-Visas were established to provide a pathway to legally recognized residency for undocumented victims. It is accomplished when the immigrant assists in the investigation or prosecution of their victimizer. Currently, the most difficult step in this process has been in obtaining the required certification from law enforcement agencies, district attorneys, and judges.
District attorneys are fearful of providing assistance to the victim prior to the end of the case for reasons of witness credibility in regards to the possible procurement of a visa for the immigrant’s participation in the prosecution. Judges are also weary in signing a certification because they fear being seen as bias. Both of these groups have valid reasons for not signing these certifications. The victimizer has the opportunity to walk free. Law enforcement agencies do not fall under any of these concerns.
Law enforcement agency certifications do not leave the agencies open to any compromising issues. U-visa petitions rejected in the past because of an insufficient certificate falls on the shoulders of the victim. The law enforcement agencies are not reprimanded. Their investigation is complete. There is nothing else that can taint the facts of their investigation. The U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) does not reprimand law enforcement agencies for insufficient certificates. It merely rejects the victim’s petition. The reluctance of these agencies to certify seems to be the simple case of ignorance on the T and U-Visa process.
In 2012, the US Department of Homeland Security (DHS) released guidelines to law enforcement agencies for certifying U-visas. The White House also released an open memo about the DHS’ attempt to demystify the process for law enforcement agencies across the country. The DHS and USCIS provide links on their websites for training, videos, and guidelines to assist law enforcement agencies in their certification process. Despite this effort, many law enforcement agencies are utterly incapable and/or unprepared to handle a certification request. Even in Los Angeles, one of the nation’s hubs for incoming immigrants, practitioners and advocates have had to deal with the same law enforcement agencies giving various explanations and excuses of why they are unable to certify the immigrant victim’s request.
Law enforcement agencies are structured very similarly to the military. There is an authoritative hierarchy that each officer is subject to. There is a fear of self-thought and going against any orders, outdated or not. There has to be a focus on training the top of the hierarchy about the victimization of immigrant communities within their jurisdictions. This is the only way to systematically change the way law enforcement agencies handle T and U-Visa certification requests.
There are currently no recommendations or strategies coming from the Attorney General of the U.S. Department of Justice (DOJ), also known as America’s “Top Cop,” to the nation’s law enforcement agencies. Governors do not meaningfully advocate for their immigrant communities on this topic even though the unreported crimes against the immigrants affect the state’s general safety for all the inhabitants. Governors and other high ranking officials should work on organizing and educating their law enforcement agencies on the certification process so that they may assist vulnerable immigrants properly. Doing so would keep the communities safe and foster better relations between law enforcement and immigrant communities.