COMMUNITY

Al borde de un catástrofe aun prevenible

Échale Ganas-
por Francisco Dueñas

Patricia Mendoza es una mama soltera de dos niños en la área de San Diego que se encuentra sin trabajo por causa del coronavirus. Trabajaba en una compañía que provee transporte médico no urgente. Le gustaba y hacia bien su trabajo. Ha intentado encontrar nuevo empleo pero como sufre de asma, teme aceptar un trabajo que la exponga a un riesgo elevado de contagio. Si llegara a enfermarse, quien cuidaría de sus hijos.

Antes de la pandemia, Patricia ganaba $2000 dolares al mes pero el 75% se iba a la renta. Ya tiene varios meses que no ha podido pagar su renta. Aunque ella sabe que no puede ser desalojada es este momento, la ansiedad del porvenir la agobia y empeora su asma. Pero ella no se ha quedado callada, ni quieta. Ella se ha unido a grupos comunitarios como ACCE (Alliance of Californians for Community Empowerment) que apoyan a la comunidad para organizarse.

Ahora Patricia sabe que no está sola en esta lucha; hay muchas familias que están pasando por lo mismo, que no califican para beneficios de seguro de desempleo, o que no recibieron el cheque del estímulo económico federal. Mientras que las grandes corporaciones reciben billones de dólares para ayudarles, Patricia pregunta, ¿dónde está la ayuda para el resto de nosotros? Incluso para los dueños de propiedades, que también son afectados cuando sus inquilinos no pueden pagar.

Unos asambleístas en California han escuchado su llamado y han respondido. El proyecto de ley AB 1436 protege a familias inquilinas, como las de Patricia, de un desalojo causado por el impacto económico del coronavirus. También les dará varios meses para poder actualizarse con la deuda de renta atrasada. Pero no va ser fácil pasar una ley como esta. Acaba de fracasar otro proyecto de ley (AB 2501) que intentaba ayudar a dueños de casa o de departamentos en las misma situaciones.

Sin algún tipo de protección contra desalojos, se estima que solo en el condado de Los Angeles existen 365,000 familias como las de Patricia, sin algún adulto con empleo o sin ingresos suficientes para pagar la renta. Si todos esas familias fueran desalojadas, podríamos presenciar un tsunami de desamparo con aproximadamente 120,000 familias terminando en la calles, incluidos en esas familias están 184,000 niños.

Podemos prevenir tanto el sufrimiento de estas familias afectadas, como el impacto que tendría el desamparo subsecuente a nuestras comunidades. Estos desalojos también representan una carga y gasto extra para nuestros hospitales, escuelas, parques, iglesias, etc., etc. y todo el personal de estos lugares. En medio de una pandemia, deberíamos de hacer todo lo posible para evitar esta consecuencias.

Ayuda a Patricia Mendoza luchar por su familia y las miles de familias en California — tal vez la tuya– en la misma situación. Visita www.acceaction.org/homesnottents.