Niños inmigrantes en Escuelas Públicas
Para los niños de inmigrantes indocumentados, recibir educación pública ha sido un reto en años recientes. De acuerdo con el Departamento de Justicia de los EE.UU. distritos escolares locales en Alabama, Kentucky, Louisina, Mississippi, North Carolina, y Texas están adoptando reglas locales para evitar que niños de inmigrantes indocumentados reciban educación pública. El Fondo Educativo y Defensa Legal Mexico-Americana (MALDEF por sus siglas en inglés) saben sin embargo, que estos problemas no se limitan a unos cuantos estados y que de hecho van en aumento.
El Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. (DHS por sus siglas en inglés) estima que hay 1.1 millones de niños indocumentados menores de 18 años viviendo en los EE.UU. El mes pasado, el Departamento de Justicia y Educación de los EE.UU. emitió una nueva guía a las escuelas sobre el tipo de identificación que deben requerir para registrar a estos niños. La guía específicamente declara que aunque los representantes de las escuelas pueden verificar la residencia de los niños en el distrito, no requieren que los padres presenten una licencia de conducir, tarjeta de seguro social, o cualquier otro documento para establecer que están en el país de manera legal.
En una declaración – el Fiscal General Eric Holder dijo: “Los distritos escolares públicos tienen la obligación de inscribir a los estudiantes sin importar su condición migratoria y sin discriminar en base a su raza, color o nación de origen. Vigilaremos para que se cumpla la ley, y asegurarnos que las puertas de las escuelas permanezcan abiertas para todos.”
Cabe señalar que la ley señalada no ha cambiado desde 1982 cuando la Suprema Corte de los EE.UU. en una decisión histórica, derribó un estatuto de Texas que negaba fondos educativos a inmigrantes indocumentados desde Kinder hasta doceavo grado. Plyer v. Doe, 457 U.S. 202 (1982). Incluso los disidentes en esa decisión dijeron en parte “no tiene sentido para una sociedad avanzada privar a un niño –incluyendo a los extranjeros ilegales- de educación primaria,” en parte porque “a la larga los costos de excluir a cualquier niño de las escuelas públicas puede superar los costos de educarlos.”
De acuerdo con MALDEF, el problema, de ser manejado por empleados escolares –por lo general lleva a la confusión al aplicar la ley- pero algunas veces, los administradores escolares son anti-inmigrantes y por su cuenta tratan de crear barreras para la educación de los niños inmigrantes.
Immigrant Children in Public Schools
For the children of undocumented immigrants, receiving a public education has been challenging in recent years. According the U.S. Department of Justice, local school districts in Alabama, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, and Texas are adopting local rules to prevent children of undocumented immigrants from receiving a public education. The Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) is on record however, that these problems are not limited to a few states and that they are indeed widespread.
The U.S. Department of Homeland Security (DHS) estimates that there are 1.1 million undocumented children under age 18 living in the U.S. Last month, the U.S. Departments of Justice and Education issued a new guidance to schools on the type of identifications they may require to register these children. The guidance specifically states that although the school officials may verify the child’s residence in the district, they may not require parents to produce a driver’s license, social security card, or any other document to establish that they are in the country legally.
In a statement- Attorney General Eric Holder said: “Public school districts have an obligation to enroll students regardless of immigration status and without discrimination on the basis of race, color or national origin. We will vigilantly enforce the law to ensure the schoolhouse door remains open to all.”
It is worth noting that the settled law has not changed since 1982 when the U.S. Supreme Court, in a landmark decision, struck down a Texas statute which denied K-12 funding for education to undocumented immigrants. Plyer v. Doe, 457 U.S. 202 (1982). Even the dissenters in that decision said in part “ it is senseless for an enlightened society to deprive any children—including illegal aliens—of an elementary education,” in part because “the long-range costs of excluding any children from the public schools may well outweigh the costs of educating them.”
According to MALDEF, the problem, if driven by school clerks – often is due to confusion in the applicable law – but sometimes, the school administrators are just anti-immigrant and take it upon themselves to erect barriers for educating immigrant children.