By: Ally Bolour, Esq. Bolour/Carl Immigration Group, APC www.americanvisas.net
The U.S. Customs and Border Protection (CBP) agency has recently come under scrutiny for issuing extraordinarily large civil fines, some reportedly exceeding $1 million, to certain undocumented immigrants who failed to comply with removal orders or departed the United States after receiving formal notices from immigration authorities.
These penalties stem from a little-known provision of federal immigration law that authorizes the government to impose civil fines on noncitizens who willfully fail to depart the United States after receiving a final order of removal. Although the law has existed for decades, enforcement has historically been rare. In recent years, however, immigration advocates and attorneys have reported a growing number of cases involving staggering financial penalties that many recipients had no idea were possible.
Under the Immigration and Nationality Act (INA), the government may assess fines for each day an individual remains in the United States after a final order of removal becomes enforceable. Over time, those daily penalties can accumulate into hundreds of thousands—or even millions—of dollars. In some cases, individuals who have lived in the United States for many years, often with limited financial resources, have received notices demanding sums far beyond their ability to pay.
Immigration advocates argue that these penalties are punitive and largely symbolic, as most affected individuals do not possess assets sufficient to satisfy such debts. Critics also contend that imposing life-altering financial liabilities on vulnerable populations raises concerns about fairness and due process. Many recipients reportedly receive notices without fully understanding the legal basis for the fines or the options available to challenge them.
Government officials, on the other hand, maintain that the penalties are authorized by federal law and serve as an enforcement tool intended to encourage compliance with lawful removal orders. Supporters of stricter immigration enforcement argue that the fines reinforce the consequences of disregarding final immigration court decisions.
For individuals who receive these notices, legal guidance is critical. In some situations, recipients may be eligible to contest the penalties, seek administrative review, or demonstrate that the fines were improperly assessed. Others may have pending immigration applications, humanitarian claims, or other forms of relief that could affect their legal status and enforcement priorities.
Attorneys also note that a civil penalty notice should not be ignored. Failure to respond may limit available defenses and could complicate future immigration matters. Because every case is unique, individuals facing substantial immigration fines should consult qualified immigration counsel as soon as possible to evaluate their options.
As immigration enforcement policies continue to evolve, the use of million-dollar civil penalties highlights the significant legal and financial consequences that can accompany removal proceedings. Whether these fines become a more common enforcement mechanism remains to be seen, but their recent appearance has drawn attention from attorneys, advocates, and policymakers across the country.
Anyone who receives a notice of intent to fine or a civil penalty assessment from CBP should promptly seek legal advice to understand their rights, obligations, and potential avenues for relief.
CBP Impone Sanciones Civiles de Millones de Dólares a Algunos Inmigrantes
By: Ally Bolour, Esq. Bolour/Carl Immigration Group, APC www.americanvisas.net
La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha sido recientemente objeto de escrutinio por emitir multas civiles extraordinariamente altas, algunas reportadas que superan el millón de dólares, a ciertos inmigrantes indocumentados que no cumplieron con las órdenes de expulsión o que abandonaron los Estados Unidos después de recibir notificaciones formales por parte de las autoridades migratorias.
Estas sanciones provienen de una disposición poco conocida de la ley federal de inmigración que autoriza al gobierno a imponer multas civiles a los no ciudadanos que voluntariamente no abandonan los Estados Unidos después de recibir una orden final de expulsión. Aunque la ley ha existido durante décadas, la aplicación ha sido históricamente rara. Sin embargo, en años recientes, defensores de inmigración y abogados han reportado un número creciente de casos que involucran penalidades financieras asombrosas que muchos destinatarios desconocían que fueran posibles.
Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), el gobierno puede imponer multas por cada día que una persona permanezca en los Estados Unidos después de que una orden final de expulsión se haga exigible. Con el tiempo, esas penalidades diarias pueden acumularse hasta cientos de miles o incluso millones de dólares. En algunos casos, personas que han vivido en los Estados Unidos por muchos años, a menudo con recursos financieros limitados, han recibido notificaciones que exigen sumas muy superiores a su capacidad de pago.
Los defensores de inmigración argumentan que estas penalidades son punitivas y en gran medida simbólicas, ya que la mayoría de los individuos afectados no poseen activos suficientes para satisfacer tales deudas. Los críticos también sostienen que imponer responsabilidades financieras que cambian la vida a poblaciones vulnerables genera preocupaciones sobre la equidad y el debido proceso. Se reporta que muchos destinatarios reciben notificaciones sin comprender completamente la base legal de las multas ni las opciones disponibles para impugnarlas.
Por otro lado, los funcionarios gubernamentales mantienen que las penalidades están autorizadas por la ley federal y sirven como una herramienta de aplicación destinada a fomentar el cumplimiento de las órdenes legales de expulsión. Los partidarios de una aplicación más estricta de la inmigración argumentan que las multas refuerzan las consecuencias de ignorar las decisiones finales de los tribunales migratorios.
Para las personas que reciben estas notificaciones, la orientación legal es fundamental. En algunas situaciones, los destinatarios pueden ser elegibles para impugnar las penalidades, solicitar una revisión administrativa o demostrar que las multas fueron impuestas incorrectamente. Otros pueden tener solicitudes migratorias pendientes, reclamaciones humanitarias u otras formas de alivio que podrían afectar su estatus legal y las prioridades de aplicación.
Los abogados también señalan que una notificación de multa civil no debe ser ignorada. No responder puede limitar las defensas disponibles y complicar futuros asuntos migratorios. Debido a que cada caso es único, las personas que enfrentan multas migratorias sustanciales deben consultar con un abogado de inmigración calificado lo antes posible para evaluar sus opciones.
A medida que las políticas de aplicación migratoria continúan evolucionando, el uso de multas civiles millonarias destaca las consecuencias legales y financieras significativas que pueden acompañar a los procesos de expulsión. Si estas multas se convierten en un mecanismo de aplicación más común está por verse, pero su aparición reciente ha atraído la atención de abogados, defensores y legisladores en todo el país.
Cualquier persona que reciba una notificación de intención de multa o una evaluación de penalidad civil por parte de CBP debe buscar asesoría legal de manera inmediata para comprender sus derechos, obligaciones y posibles vías de alivio.