En 1986, el Congreso pasó lo que es ampliamente conocido como una ley de amnistía o la Ley de Reforma de Inmigración y Control (IRCA por sus siglas en inglés). Esto le permitió la legalización a miles de trabajadores indocumentados en los EE.UU. Aunque mucho se ha dicho sobre IRCA, en su mayoría por el ala derecha y algunos comentaristas de derecha en programas de radio, los comentarios negativos sobre IRCA no están basados en hechos acorde a la ley.
En general, hay estudios que han encontrado que los inmigrantes que recibieron un estado legal bajo IRCA adquirieron mayor educación, ganaron salarios más altos, salieron de la pobreza, compraron casas, y generalmente invirtieron en ellos mismos y sus comunidades.
En un estudio conducido en noviembre del 2009 por el Centro de Política de Inmigración se encontró que mientras el 34% de los inmigrantes IRCA con edades entre 35-44 eran propietarios de casas en 1990, y el 68% eran propietarios de casas en 2006.
Economistas de la Universidad de Michigan y la Universidad Nacional Australiana encontraron que si inmigrantes que recibieron estado legal bajo IRCA hubieran sido “legales” durante sus enteras vidas laborales en los Estados Unidos, sus salarios para 1992 habrían sido un 24% mayor porque se les habría pagado en relación a sus habilidades reales, y se habrían sentido motivados a mejorar sus habilidades para incrementar su poder adquisitivo.
Una encuesta hecha a hombres mexicanos legalizados bajo IRCA encontró que el 38.8% se había movido a ocupaciones con mejores salarios para 1992.
Algunos estudios adicionales – cuya información detallada puede encontrarse en www.americanimmigrationcouncil.org – provee mayor apoyo a una Reforma de Inmigración Extensa:
Inglesos adicionales de al menos $1.5 trillones en el Producto Interno Bruto de los EE.UU. (GDP por sus siglas en inglés) en un término de 10 años.
Durante los primeros tres años, se incrementaron los gastos del consumidor – suficiente para mantener 750-900 mil trabajos en los Estados Unidos – e incrementar la recavación de impuestos en al menos $4.5 billones.
En 2009, por no tener un CIR – perdimos $310 millones en recavación de impuestos para California y otros $1.4 billones para el gobierno federal.
Economy and Immigration – Hard Facts and Figures
In 1986, Congress passed what is widely known as an amnesty law or the Immigration Reform and Control Act (IRCA). This allowed for legalization of thousands of undocumented workers in the U.S. Although much has been said about IRCA, mostly by right wing and some left leaning commentators and radio show hosts, the negativity surrounding IRCA is neither based in law nor fact.
In general, studies have found that immigrants who received legal status under IRCA acquired more education, earned higher wages, moved out of poverty, bought homes, and generally invested in themselves and their communities.
In a study conducted in November 2009 for the Immigration Policy Center found that while 34% of IRCA immigrants age 35-44 years owned homes in 1990, 68% owned homes in 2006.
Economists at the University of Michigan and Australian National University found that if immigrants who received legal status under IRCA had been “legal” throughout their entire working lives in the United States, their wages by 1992 would have been 24% higher because they would have been paid in relation to their actual skills, and would have been motivated to improve their skills to increase their earning power.
A survey of Mexican men legalized under IRCA found that 38.8% had moved up into higher-paying occupations by 1992.
Some additional studies – sources for which may be found at www.americanimmigrationcouncil.org – provide further support for a Comprehensive Immigration Reform:
An addition of at least $1.5 trillion in cumulative U.S. Gross Domestic Product (GDP) over 10 years.
Over the first three years, increased consumer spending—enough to support 750K-900K jobs in the United States—as well as increased tax revenues of at least $4.5 billion.
In 2009, due to not having a CIR – we lost $310 million in income taxes for California and another $1.4 billion for the Federal government.