Por: Ally Bolour, Esq. – Bolour / Carl Immigration Group
TRAC: un proyecto independiente de la Universidad de Syracuse que recopila datos sobre los expedientes del tribunal de inmigración (EOIR) publicó su informe más reciente a fines de 2019. Los hallazgos son brutales para la Administración Trump. Desde 2017, los trabajos pendientes de EOIR han aumentado de 542,411 casos a más de un millón. Dependiendo de la ciudad en la que vivan, los inmigrantes pueden esperar cuatro años para ver a un juez de inmigración. En Los Ángeles ya estamos viendo casos judiciales establecidos para 2022.
Hay varias razones para este aumento gigante en los tiempos de espera. En mayo de 2018, el entonces Fiscal General Jeff Sessions les quitó la capacidad a los jueces de inmigración de usar su discreción para cerrar casos administrativamente y esencialmente sacarlos de sus expedientes. Además, todos los casos previamente cerrados se volvieron a colocar en el sistema. Para poner esto en contexto, la orden de Jeff Sessions creó más estragos dentro de EOIR que todos los migrantes que llegaron a la frontera sur en busca de protección.
La Orden Ejecutiva de Trump para atacar a todos los inmigrantes y no solo a los condenados por delitos también aumentó el número de personas que podrían ser convocadas para comparecer ante un juez de inmigración. Los residentes legales permanentes o los titulares de la tarjeta verde que en el pasado reciente se habrían salvado de la deportación si hubieran cometido delitos menores podrían potencialmente enfrentarse a un proceso de expulsión. Incluso los ciudadanos naturalizados pueden reabrir sus casos si el gobierno tiene evidencia, por mínima que sea, de que no se les debería haber otorgado la ciudadanía.
EOIR tiene 442 jueces de inmigración y cada juez tiene alrededor de 2000 casos. Aunque muchos jueces han sido contratados recientemente, desde 2017, unos 100 han dejado sus trabajos o se han retirado. Según el presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración – Juez Ashley Tabaddor, a muchos de los jueces que se marcharon no les gustaba ser microgestionados por la Administración Trump.
La justicia retrasada no es el único efecto negativo de la mala gestión de EOIR. La duplicación de la cantidad de casos, el no poder cerrar casos a discreción del juez para juzgar asuntos que resulten en su renuncia o jubilación, y el gran tamaño del personal administrativo para reducir este caos hecho por Trump se paga con nuestros impuestos. Además de este enorme impacto económico, el daño social va más allá de las comunidades de inmigrantes. Todos y cada uno de nosotros sentimos la tensión, el dolor y la angustia creados por esta anarquía y crueldad innecesaria.
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